El Ministerio Público menciona el respaldo que, según la acusación, recibían los acusados por parte del exmandatario
El Ministerio Público menciona el respaldo que, según la acusación, recibían los acusados por parte del exmandatario

Por Ling Almánzar / El Nuevo Diario

El expresidente Danilo Medina le daba “apoyo irrestricto” a los acusados de formar y operar a sus anchas un entramado de megacorrupción puesto al descubierto por la “Operación Coral”, según la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público contra los implicados.

De acuerdo a la acusación, los imputados crearon “un entramado societario dentro del período en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable, transacciones millonarias”.

Los principales imputados son seis personas físicas (el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad del exmandatario; Rafael Núñez De Aza; Rossy Guzmán Sánchez, alias ‘la Pastora’; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán, y Alejandro José Montero Cruz) y seis personas morales (Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL).

El expediente acusatorio describe el modus operandi de la presunta mafia amparada por el Estado, y apunta que los encartados “crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”.

Se establece que también usaron “militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.

Además, los implicados “convirtieron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”.

Asimismo, “crearon una empresa para adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas”.

No fue todo: también se valieron de “organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles”; y “distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización”.

“Desviaron fondos que eran para gastos de operaciones de inteligencia, distribuciones de raciones alimenticias y viáticos presentando gastos para estafar al Estado Dominicano; concertaron entre funcionarios para ejecutar medidas y operaciones contrarias a la ley; falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado Dominicano”.

Fortunas groseras

Los imputados presuntamente se hicieron multimillonarios, amasando bienes caudalosos como casas, apartamentos, autos de lujo y “de última generación”, así como” fincas, empresas, cuentas bancarias”. A través de sus maniobras, disfrazaban todos esos bienes “distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirma que el general Cáceres Silvestre se enriqueció de forma dramática: con apenas un apartamento conseguido en 1998, y ganando en 2012 un sueldo de 35 mil pesos, fue aumentando su peculio y adquiriendo múltiples propiedades; además, disparó sus ingresos de una manera impresionante, y ya en su primera declaración reportó bienes por RD$5,746,498.

El alto oficial tuvo mucha suerte para subir rápidamente el escalafón militar: fue nombrado general de brigada el 15 de agosto de 2012 y, al día siguiente (el 16), fue ascendido a mayor general y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) por el recién juramentado presidente Danilo Medina Sánchez.

En esas funciones duró 8 años, los cuales fueron de gran crecimiento y vigorosa fortuna junto a una vasta red de implicados.

La mafia sigue

La Pepca establece que, todavía actualmente, la estructura Coral “sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado a través, de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para la investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos”.

La red se expande con grandes tentáculos que incluyen, entre otros, a “José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargan de hacer depósitos transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta a los imputados”.

La pastora Guzmán está seriamente acusada de ser una testaferra del general Adán Cáceres Silvestre, “a través de empresas y terceras personas”.

El Ministerio Público dice tener “decenas de evidencias” de todo esto y puede demostrar que la bonanza de ‘la Pastora’ es injustificable.-

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