Jovenel Moïse
Jovenel Moïse

Puerto Príncipe (Sputnik) — La estatal Oficina de Protección del Ciudadano (Ganrhi) de Haití solicitó el apoyo de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para crear una comisión internacional que investigue el asesinato del presidente Jovenel Moise, ante las debilidades del sistema judicial nacional.

«El fenómeno de la impunidad ligado a la corrupción ha alcanzado una proporción alarmante y preocupante en el sistema judicial», deploró la institución en una misiva dirigida a Freddy Carrión Intriago, presidente de la Ganrhi.

Señaló que en los últimos 25 años la justicia no completó ningún proceso penal relacionado con crímenes de alto perfil ni emitió condenas que pudieran persuadir a los individuos a no cometer «actos reprobables».
La carta firmada por el director de la Oficina de Protección del Ciudadano, Renan Hédouville, recordó que un mes después del magnicidio las autoridades arrestaron a 44 personas y emitieron avisos de búsqueda contra otras por su presunta implicación en el caso.

Hédouville escribió antes a la representante de Naciones Unidas en el país, Helen la Lime, expresando su preocupación por el estado de la investigación y sobre la posible impunidad que pueden gozar los autores.

«Un sistema judicial basado en la corrupción y la impunidad. Injusticia del sistema judicial haitiano», manifestó entonces el defensor de los derechos humanos antes de nombrar más de 40 casos que no recibieron justicia desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Dudas similares expresó el también activista de derechos humanos Pierre Espérance quien indicó la debilidad de las instituciones judiciales y su irregular funcionamiento en los últimos años.

Numerosos movimientos de huelga, inseguridad y crisis política y sanitaria afectaron en los años recientes al sistema judicial, y especialmente en 2019 y 2020 los ciclos fueron «catastróficos», de acuerdo con Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

Ante esta situación la Cancillería solicitó la asistencia de Naciones Unidas para la formación de una comisión internacional de investigación y la creación de un tribunal especial para el enjuiciamiento de los presuntos culpables.

El Gobierno aún espera respuesta del organismo internacional.

Etiquetas