El Nuevo Diario

SANTO DOMINGO.- Una treintena de organizaciones cívicas se quejaron de que el presidente Luis Abinader permite “la lentitud en el proceso para sancionar la corrupción y recuperar lo robado del gobierno anterior”.

A su manera de ver, el jefe del Estado, en cambio, obvia las aspiraciones de las mayorías nacionales, “olvidándose del pueblo y sus compromisos de campaña”.

Las organizaciones emitieron sus declaraciones en los frentes del Congreso Nacional en ocasión de exponer los resultados de una asamblea nacional realizada el pasado 28 de marzo en Santo Domingo “por el rescate de lo robado, (y) por los derechos ambientales y sociales del pueblo dominicano”.

En tal sentido, anunciaron que irán a las calles para exigir lo que consideraron que son sus derechos.

Anunciaron que “así, realizaremos este 25 de abril una Caravana Ecológica desde Bonao -Piedra Blanca-Maimon hasta Los Martinez; y la Marcha el Día del Agricultor, que celebraremos en mayo, en Barahona, entre otras”.

La lentitud en el proceso para sancionar la corrupción y recuperar lo robado del gobierno anterior, coloca en el imaginario social (la conclusión de) que en los hechos hay un pacto para la impunidad, dijeron los grupos cívicos en el documento que leyó la ex diputada Guadalupe Valdez.

Dijeron al mismo tiempo que se pone al servicio de los grupos tradicionales “que se han repartido históricamente el patrimonio público, que ahora se profundiza, con las privatizaciones mediante el eufemismo de “Alianzas Públicas Privadas”.

Declararon que, por tanto, ante la orientación del gobierno de incumplir las “promesas de cambio” que hizo en el pasado proceso electoral, por las que concitó el voto mayoritario de la población, “anunciamos al país que nuestras organizaciones iniciaron un proceso de articulación de los diversos sectores que asumen coordinar las acciones de lucha y retomar las calles en todo el país para exigir políticas públicas y marcos legales que garanticen nuestros derechos”.

A continuación, el pliego de los reclamos que plantean al gobierno para “poner fin al régimen de impunidad”:

  • Romper el pacto implícito de impunidad con algunos sectores. Colocar en el centro el rescate del patrimonio público robado, enfrentando en ese mismo orden, la crisis sanitaria, económica y social que sufre la población dominicana.
  • Investigar y enjuiciar las sobrevaluaciones en PUNTA CATALINA, las demás obras de Odebrecht y todos los casos de escandalosa corrupción en los últimos gobiernos.
  • Eliminar de inmediato todos los privilegios irritantes con cargo al presupuesto público que tienen los congresistas: Barrilito, la nueva modalidad de cofrecito de la Cámara de Diputados, exoneraciones; así como, sueldos lujosos, exenciones fiscales, fundamentales
  • Frenar el incremento del costo de los combustibles, bienes y servicios básicos.
  • Auditar la deuda pública, los mega-contratos y congelar el endeudamiento hasta sanear finanzas del Estado.
  • Asignar el 5% del PIB a la salud y eliminar ARS y AFP. Reorientar a la calidad el 4% de la educación.
  • La discusión hacia el pacto fiscal debe colocar en el centro la obtención de recursos para ejecutar políticas púbicas que garanticen derechos fundamentales en salud, educación, seguridad social, empleos, salarios justos, vivienda y pensiones dignas.
  • Detener las maniobras contra los trabajadores cañeros para asegurarle su derecho a luchar por pensiones dignas.
  • Frenar los desalojos abusivos de familias en San Juan, Gran Santo Domingo, Línea noroeste, El Seybo y otros lugares y que cese la aplicación de la fuerza bruta y normativas dudosas.
  • Detener los aprestos para construir una valla en la frontera y procurar un acuerdo socioeconómico binacional de cooperación con Haití para resolver el tema migratorio y los problemas fronterizos.
  • Aplicación de medidas justas para enfrentar la pandemia, con los recursos institucionales del Estado sin recurrir a la represión de la población.

Por un Congreso que legisle para garantizar derechos

  • La mayoría congresual del PRM debe legislar para garantizar derechos, institucionalidad, transparencia, participación y seguridad ciudadana, no para favorecer intereses económicos a sectores particulares.
  • Aprobar de forma inmediata la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales y garanticen leyes que respeten el derecho de las mujeres a decidir, a vivir sin violencia y discriminaciones.
  • Los proyectos de leyes en vivienda, agua, seguridad social, deben tener un enfoque de derechos y no de privatización de esos servicios.

Los grupos cívicos

  • Romper el pacto implícito de impunidad con algunos sectores. Colocar en el centro el rescate del patrimonio público robado, enfrentando en ese mismo orden, la crisis sanitaria, económica y social que sufre la población dominicana.
  • Investigar y enjuiciar las sobrevaluaciones en PUNTA CATALINA, las demás obras de Odebrecht y todos los casos de escandalosa corrupción en los últimos gobiernos.
  • Eliminar de inmediato todos los privilegios irritantes con cargo al presupuesto público que tienen los congresistas: Barrilito, la nueva modalidad de cofrecito de la Cámara de Diputados, exoneraciones; así como, sueldos lujosos, exenciones fiscales, fundamentales
  • Frenar el incremento del costo de los combustibles, bienes y servicios básicos.
  • Auditar la deuda pública, los mega-contratos y congelar el endeudamiento hasta sanear finanzas del Estado.
  • Asignar el 5% del PIB a la salud y eliminar ARS y AFP. Reorientar a la calidad el 4% de la educación.
  • La discusión hacia el pacto fiscal debe colocar en el centro la obtención de recursos para ejecutar políticas púbicas que garanticen derechos fundamentales en salud, educación, seguridad social, empleos, salarios justos, vivienda y pensiones dignas.
  • Detener las maniobras contra los trabajadores cañeros para asegurarle su derecho a luchar por pensiones dignas.
  • Frenar los desalojos abusivos de familias en San Juan, Gran Santo Domingo, Línea noroeste, El Seybo y otros lugares y que cese la aplicación de la fuerza bruta y normativas dudosas.
  • Detener los aprestos para construir una valla en la frontera y procurar un acuerdo socioeconómico binacional de cooperación con Haití para resolver el tema migratorio y los problemas fronterizos.
  • Aplicación de medidas justas para enfrentar la pandemia, con los recursos institucionales del Estado sin recurrir a la represión de la población.

Por un Congreso que legisle para garantizar derechos

  • La mayoría congresual del PRM debe legislar para garantizar derechos, institucionalidad, transparencia, participación y seguridad ciudadana, no para favorecer intereses económicos a sectores particulares.
  • Aprobar de forma inmediata la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales y garanticen leyes que respeten el derecho de las mujeres a decidir, a vivir sin violencia y discriminaciones.
  • Los proyectos de leyes en vivienda, agua, seguridad social, deben tener un enfoque de derechos y no de privatización de esos servicios.
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